La pregunta que busco plantear no es si las empresas deberían donar más a escuelas o dar más becas porque eso ya ocurre, de forma dispersa y a menudo invisible fuera de las memorias de sostenibilidad. La pregunta es distinta y es ¿qué pasaría si el sector privado dejara de tratar la educación como una causa social más y empezara a tratarla como trata cualquier otro riesgo material, es decir, con datos, indicadores y un cálculo del Retorno Social de la Inversión sostenida en el tiempo?

La lógica ESG parte de una premisa simple y es que lo que no se mide, no se gestiona y lo que no se gestiona, eventualmente se convierte en un riesgo. Bajo esa misma lógica, la calidad educativa de una región debería figurar en el radar de cualquier empresa con ambiciones de crecimiento sostenido, por tres razones que rara vez se dicen juntas. La primera es la más obvia y es el pipeline de talento. Una empresa que hoy contrata ingenieros, técnicos u operadores está contratando el resultado de decisiones educativas tomadas hace diez o quince años; si esas decisiones fueron deficientes, la escasez de talento que hoy se atribuye al mercado laboral en realidad tiene un origen anterior y estructural. La segunda es la licencia social para operar, una comunidad con movilidad educativa limitada tiende a ver con más desconfianza a las empresas que prosperan a su alrededor sin alterar esa realidad. Y la tercera es la cohesión social como condición de negocio y con esto me refiero a que ninguna estrategia de competitividad territorial (nearshoring incluido) sobrevive de manera sostenible sobre una base social fragmentada.

Dicho de otro modo, la educación no es un tema de responsabilidad social que las empresas eligen apoyar por generosidad. Es, cada vez más, una condición de sostenibilidad del propio modelo de negocio.

Experiencia en otros países de LATAM

América Latina ofrece dos casos que vale la pena mirar con detenimiento, no como modelos para copiar literalmente, sino como evidencia de que esto es posible.

En Brasil, el movimiento Todos Pela Educação nació en 2006 impulsado por un grupo de empresarios y fundaciones corporativas, entre ellas Itaú, Bradesco y Gerdau, con el objetivo específico de generar metas nacionales de aprendizaje medibles y dar seguimiento público a su cumplimiento. Su aporte no fue el dinero que canalizaron hacia las escuelas, sino la disciplina que trasladaron desde el mundo corporativo hacia la política educativa con metas cuantificables, evaluación de resultados y comunicación pública sostenida de los avances y los rezagos.

En Colombia, la Fundación Empresarios por la Educación (ExE) “una organización no gubernamental creada y liderada por empresarios” según su propia definición, construyó un modelo de tres líneas de trabajo que resulta particularmente útil como referencia y que son la implementación de iniciativas empresariales articuladas con política pública, generación de evidencia e investigación sobre calidad educativa y movilización de la ciudadanía y del propio empresariado en torno a la educación como bien público. Ninguna de las tres líneas funciona de manera aislada, su valor está en operar de manera simultánea y coordinada.

Ambos casos forman parte de una red mayor, REDUCA, la Red Latinoamericana por la Educación, que agrupa organizaciones de este tipo en dieciséis países de la región. La existencia de esta red no es un dato anecdótico, revela que el patrón “empresas organizadas alrededor de evidencia educativa” ya es un fenómeno regional consolidado y no un experimento aislado.

Eso sí, hay que mencionar que México no llega tarde a esta conversación. Mexicanos Primero, fundada por un grupo de empresarios mexicanos, parte de esa misma red regional y ha construido durante más de dos décadas una de las plataformas de evidencia y monitoreo educativo más visibles del país. Tiene, además, capítulos regionales activos en estados como Michoacán, Jalisco, Sinaloa y Yucatán. Lo que más llama la atención, es que Nuevo León, uno de los estados con mayor concentración industrial y mayor densidad de sedes corporativas del país, no figura hoy entre esos nodos regionales.

Esto no es una crítica, al contrario, es una oportunidad sin explotar. Nuevo León tiene lo que Brasil y Colombia tuvieron al inicio de sus respectivos movimientos y es una base empresarial suficientemente grande y organizada para sostener un esfuerzo de este tipo. La oportunidad está en el articulador, la instancia capaz de sentar en una misma mesa a gobierno, empresas y organizaciones de la sociedad civil, no como donantes y receptores, sino como generadores de valor que negocian activamente cómo intercambiarlo. El gobierno aporta el mandato y los datos administrativos del sistema educativo; las empresas aportan disciplina de medición, capital y una relación directa con el mercado laboral que valida qué habilidades importan; las organizaciones de la sociedad civil aportan la capacidad técnica de generar evidencia independiente y la legitimidad para sostener el esfuerzo más allá de un ciclo de gobierno. Ninguno de los tres puede construir esto solo y en Nuevo León hoy operan de manera fragmentada.

Un ejercicio de números…

Vale la pena dimensionar de qué tamaño estamos hablando, aunque sea con un ejercicio muy simple y transparente en sus supuestos, no con una cifra que pretenda ser un dato duro. Por ejemplo, CAINTRA Nuevo León, la cámara industrial más grande del estado, declara públicamente más de cinco mil empresas afiliadas. Si únicamente el uno por ciento de esas empresas, alrededor de cincuenta organizaciones, decidiera destinar liderazgo directivo y recursos sostenidos a un esfuerzo coordinado de evidencia educativa, ese número ya igualaría o superaría en tamaño al grupo fundador de movimientos como Todos Pela Educação en sus primeros años. No se trata de una proyección de impacto ni de una cifra de inversión (esos datos no existen públicamente y no me corresponde inventarlos), sino de una forma de mostrar que la escala necesaria para empezar no es inalcanzable, de hecho, es modesta frente a la base empresarial ya organizada que existe en el estado.

Además, ese ejercicio cobra otro sentido si se cruza con un dato que la propia CAINTRA ha hecho público y es que la industria de Nuevo León requiere alrededor de cuarenta mil técnicos e ingenieros calificados cada año y el sistema educativo actual egresa apenas una fracción de esa cifra, según cifras presentadas por la cámara, cerca de veinte mil profesionales técnicos al año, la mitad de lo que la industria demanda. Esa brecha no es un problema de reclutamiento que se resuelve ofreciendo mejores salarios, es un problema de origen educativo y ningún departamento de talento puede resolverlo por sí solo.

Si ese uno por ciento de empresas dedicara su esfuerzo, de manera articulada, a identificar con evidencia en qué punto del sistema educativo se pierde la mitad de esos veinte mil técnicos que faltan cada año ¿falta de comprensión lectora?, ¿falta de vocación temprana hacia la ingeniería?, ¿desajuste entre lo que se enseña y lo que la industria certifica como empleable?, el efecto dejaría de ser filantrópico. Sería un efecto directo sobre la disponibilidad futura de fuerza laboral calificada, es decir, sobre la variable de la que depende la competitividad de esas mismas empresas y buena parte de la promesa del nearshoring en la región.

Y lo que queda pendiente…

Todos Pela Educação y ExE no tuvieron éxito porque las empresas que las impulsaron tuvieran más dinero que otras; tuvieron éxito porque un grupo de líderes empresariales decidió tratar la calidad educativa con la misma seriedad analítica que aplican a cualquier decisión de negocio y sostuvo esa decisión durante años, no durante una campaña de comunicación. Para Nuevo León esa decisión no es abstracta y se traduce, año con año, en si la industria logra cerrar o no una brecha de cuarenta mil técnicos e ingenieros que hoy no se cierra sola.

Hay que tener bien claro que la sostenibilidad corporativa del futuro no se va a medir solo en toneladas de carbono evitadas. Se va a medir también en si las empresas que hoy compiten por instalarse en una región ayudaron a construir, con evidencia y de manera sostenida, el capital humano especializado del que depende su propia competitividad mañana.

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Con el objetivo de impulsar la profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil en el estado y la región del Bajío, mejorar su capacidad de establecer alianzas con los sectores público y privado, y reforzar el trabajo conjunto en favor de las comunidades, Clarios y Fundación DEACERO realizaron el 8 y 9 de septiembre el Congreso para el Fortalecimiento del Sector Social de Guanajuato 2026, reuniendo a representantes de organizaciones, empresas e instituciones comprometidas con el desarrollo social de la región.

Más de 107 organizaciones y donatarias, representadas por más de 200 asistentes, participaron durante dos días en sesiones de capacitación y concientización sobre temas de sostenibilidad, inteligencia artificial, cumplimiento fiscal y legal, y procuración de fondos.

El evento gratuito, organizado por DEACERO, empresa mexicana líder en soluciones de acero para la construcción, la industria y el campo, en alianza con Clarios, líder global en soluciones avanzadas de almacenamiento de energía para movilidad, ambas con una fuerte presencia industrial y comercial en el estado, contó también con la participación de expertos y ponentes de empresas de talla mundial, como la consultora KPMG.

«Ninguna organización puede transformar sola los desafíos sociales y ambientales que enfrentamos. Por eso valoramos profundamente nuestra alianza con Fundación DEACERO: compartimos la convicción de que el desarrollo sostenible requiere fortalecer a las organizaciones y profesionalizar al sector social”, expresó Octavio Salinas, Gerente de Asuntos Corporativos e Impacto Social Latam de Clarios.

A través de su estrategia de impacto social Clarios en Acción. Energía que transforma, la compañía impulsa comunidades que aprenden, se conectan y transforman su entorno. Durante el último año, sus programas vincularon a más de 46,800 personas, de las cuales 12,000 participaron de forma directa, con un alcance comunitario estimado de más de 35,000 beneficiarios indirectos.

“No podemos hablar de transformación social sostenible sin organizaciones de la sociedad civil fuertes, profesionales y conectadas entre sí. Desde Fundación DEACERO buscamos no solo apoyar su labor, sino articular alianzas, compartir capacidades y generar herramientas que les permitan fortalecer su operación y ampliar su impacto en las comunidades. Cuando fortalecemos a las organizaciones, fortalecemos todo el ecosistema social”, explicó Alicia Núñez Carreón, Gerente de Fundación DEACERO.

Fundación DEACERO es el brazo social de Grupo DEACERO y opera bajo la premisa de construir «comunidades fuertes como el acero». Durante 2025 sus programas alcanzaron a 70 mil beneficiarios directos y 720 mil indirectos, y en su historia acumula más de 390 millones de pesos donados a más de 700 organizaciones de la sociedad civil. Su trabajo se articula en cuatro líneas de acción: filantropía, colaboradores, atención social y voluntariado.

El programa estuvo dirigido a perfiles directivos, administrativos, contables, jurídicos, estrategas y responsables de procuración de fondos de organizaciones sociales en la región de Guanajuato y El Bajío.

Con esta iniciativa, Clarios y Fundación DEACERO reafirman su compromiso de seguir impulsando alianzas que fortalezcan al sector social, promuevan el desarrollo sostenible y contribuyan al bienestar de las comunidades a las que sirven.

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Martha Herrera, quien lidera la dependencia, subrayó que se promueve una perspectiva gubernamental que considera a las empresas como socios clave en la promoción del desarrollo social. Esta colaboración facilita la creación de sinergias que unen el progreso económico con las causas sociales urgentes.

La Secretaría ha establecido un modelo de colaboración público-privada que respalda a las empresas en la conversión de su compromiso social en resultados medibles, fortalecimiento reputacional y ventajas competitivas concretas.

Desde el inicio, se estableció como objetivo la colaboración entre el gobierno, la academia, las empresas, la sociedad civil y el gobierno estatal para fomentar de manera eficaz la sostenibilidad social en las empresas. En este sentido, Nuevo León, al ser un estado clave en el desarrollo económico nacional, depende fundamentalmente de la sostenibilidad de sus compañías. Al referirse a la sostenibilidad empresarial, Martha Herrera aclara que este concepto no se limita únicamente a grandes corporativos, ya que todas las organizaciones, sin importar su tamaño, deben implementar mecanismos que les permitan alcanzar la sostenibilidad económica, ambiental, social y de gobernanza.

El Foro es una iniciativa gratuita, accesible e inclusiva, orientada a brindar a empresas de cualquier tamaño información estratégica, herramientas prácticas y ejemplos reales para la integración de la sostenibilidad social en sus modelos de negocio y cadenas de suministro, conforme a los requerimientos de los mercados internacionales.

En la actualidad, las empresas requieren aliados más que discursos. Al ser generadoras de riqueza y bienestar, el éxito empresarial contribuye al desarrollo global del estado. Desde el Gobierno de Nuevo León, se está implementando un modelo orientado a acompañar a las compañías en la integración de la sostenibilidad social como una ventaja competitiva efectiva, favoreciendo su crecimiento, atracción de inversión y expansión hacia nuevos mercados, según lo indicó Martha Herrera, Secretaria de Igualdad e Inclusión.

En un contexto donde las inversiones significativas que arriban al estado requieren cadenas de suministro responsables, la Secretaría promueve este espacio como una estrategia para conectar a las empresas locales y a la ciudadanía con los beneficios del desarrollo económico, contribuyendo así al fortalecimiento de la competitividad de Nuevo León en relación con las cadenas globales de valor.

En este sentido, tanto la academia como la capacitación en liderazgo son fundamentales para que las empresas puedan enfrentar los desafíos relacionados con la sostenibilidad, la innovación y la competencia internacional.

Miguel Treviño, Director de la Sede Monterrey de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, afirmó que la innovación, el conocimiento y la formación de líderes constituyen factores esenciales para que las empresas mantengan su competitividad en un entorno global de alta demanda. Eventos como el Foro ESG Nuevo León facilitan la traducción de la sostenibilidad social en capacidades concretas para las organizaciones, lo cual contribuye al fortalecimiento de la toma de decisiones, el desarrollo del talento y el impacto positivo en la economía y la sociedad.

En el Foro se tratarán asuntos fundamentales relacionados con el incremento de la valuación empresarial mediante criterios ESG, la innovación en iniciativas de impacto social, los modelos emergentes de financiamiento orientado al propósito y la aplicación responsable de inteligencia artificial en el ámbito de la sostenibilidad.

También se llevará a cabo el lanzamiento de un curso gratuito en línea sobre cómo calcular el Retorno Social de la Inversión (SROI), ayudando a empresas y organizaciones a medir, gestionar y comunicar su impacto social conforme a estándares internacionales.

Uno de los momentos más relevantes será la presentación de resultados junto con la entrega del Premio Igualdad e Inclusión Corporativa 2025, un esquema de acompañamiento elaborado a partir del análisis de 16 certificaciones y estándares internacionales. Actualmente, este reconocimiento distingue a 26 organizaciones de diversos tamaños y sectores, incluyendo grandes corporativos, pequeñas empresas, instituciones educativas y entidades del sector creativo.

Para el sector privado, formar alianzas estratégicas es fundamental para transformar la sostenibilidad social en valor económico, generando así una ventaja competitiva duradera.

Ana Margarita Garza-Villarreal, Directora de Asuntos Públicos LATAM de Clarios, señaló que la visión compartida con la Secretaría y la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey consiste en integrar a un mayor número de empresas al ecosistema, promoviendo el trabajo colaborativo para maximizar el impacto positivo de las acciones individuales. Invitó a empresas e instituciones, sin importar su tamaño, a informarse, prepararse, asumir conciencia y actuar con responsabilidad ante los retos que enfrentan tanto el estado como la humanidad, participando activamente en la búsqueda de soluciones.

Mediante este Foro, la Secretaría de Igualdad e Inclusión reafirma que la innovación con enfoque social debe entenderse no como un gasto, sino como una estrategia eficaz para potenciar los negocios. Esta visión impulsa el desarrollo de proyectos público-privados orientados a generar un impacto cuantificable, promover el crecimiento económico y mejorar el bienestar de la población.

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Los reconocimientos de sostenibilidad social no son solo trofeos, son el resultado de acciones transformadoras, incentivos que elevan lo que significa ser una empresa responsable y que, además, respaldan el compromiso de la industria en temas de igualdad, diversidad, inclusión, derechos humanos, etc.

Hacer públicos estos reconocimientos es una estrategia de impacto. El World Economic Forum y Harvard Business Review mencionan que estas prácticas elevan el compromiso interno de las empresas, fortalecen la reputación institucional y generan un entorno en donde los demás corporativos se motivan a seguir ese mismo camino, fomentando la elevación de la competencia sana enfocada en generar impacto positivo real. Pero ¿es solamente una cuestión de imagen y reconocimiento o hay otras ventajas que no todas las personas han detectado?

Existen beneficios estructurales más allá de un reconocimiento o visibilización, ya que, al participar en premios, distintivos o reconocimientos, fortalecen sus sistemas internos, implementan metodologías más sólidas de evaluación de impacto, fortalecen sus políticas de diversidad y equidad, y mejoran su proceso de toma de decisiones.

Sin embargo, la parte fuerte de los beneficios estructurales y estratégicos recae en los siguientes puntos:

1. Fortalecimiento de la cultura organizacional al alinear los valores de la empresa con los objetivos de sostenibilidad y responsabilidad social.
2. Retención de talento, pues actualmente las personas buscan trabajar, desarrollarse y pertenecer a entornos seguros, que tengan un propósito y que sean coherentes con sus valores.
3. Facilitar el acceso a alianzas y mercados, al cumplir con criterios ESG, tienen mayor posibilidad de cumplir con requisitos de aliados o de financiamiento.
4. Acceso a inversión responsable (ESG): Los fondos de inversión internacionales y nacionales están priorizando invertir en empresas con políticas claras de igualdad, diversidad e impacto social. Contar con estos reconocimientos facilita el acceso a este tipo de capital.
5. Ventajas en licitaciones y compras públicas o corporativas, ya que cada vez más contratos revisan y evalúan cumplir con criterios sociales o de sostenibilidad dentro de sus requisitos de elegibilidad.

Reconocer públicamente estas prácticas no es un gesto de cortesía; es una estrategia de impacto en todas las direcciones.

Es por eso que surge el Premio Igualdad e Inclusión Corporativa 2025, impulsado y creado desde la Secretaría de Igualdad e Inclusión de Nuevo León. Su existencia no solo reconoce a las empresas que trabajan por construir entornos laborales más justos, sino que se convierte en un modelo de referencia para la iniciativa privada y su trabajo con la comunidad. Se trata de un premio que establece un lenguaje común entre gobierno, empresas y sociedad a través de la apuesta por la sostenibilidad social con el valor añadido de brindar herramientas precisas para mejorar estas prácticas.

Con este Premio, la visión de la Secretaría de Igualdad e Inclusión se traslada al ámbito empresarial, fomentando un ecosistema donde las organizaciones que asumen su responsabilidad social sean visibles, valoradas y multiplicadoras de cambio. La sostenibilidad social se fortalece cuando las acciones se hacen visibles y cuando los actores que intervienen construyen confianza mutua.

Y es ahí donde la comunicación se vuelve herramienta clave. Sin comunicación, los esfuerzos de sostenibilidad corren el riesgo de quedarse encerrados en reportes técnicos o en políticas internas que nadie conoce.

Comunicar de forma transparente es en sí mismo un acto de responsabilidad social. Cuando las empresas dan voz a sus iniciativas, contribuyen a cambiar narrativas y a posicionar la igualdad y la inclusión como pilares de la productividad y la innovación.

La sostenibilidad social necesita ser contada. Y los reconocimientos, como el Premio Igualdad e Inclusión Corporativa 2025, ofrecen el escenario ideal para hacerlo. A través de ellos, se visibiliza lo que muchas veces ocurre en silencio: empresas que apuestan por el talento diverso, que ofrecen oportunidades equitativas, que cuidan a sus comunidades y que entienden que el progreso económico debe ir de la mano del progreso social.

El reto hacia adelante no es solo mantener estos premios, sino hacerlos crecer: ampliar sus categorías, sumar más sectores y fortalecer las alianzas entre gobierno, academia, empresas, sociedad civil y comunidad. Que cada edición no solo premie lo logrado, sino que trace nuevos compromisos hacia un futuro donde la igualdad no sea una meta, sino una práctica diaria.

Reconocer es visibilizar, y visibilizar es transformar. Al celebrar a quienes construyen un piso parejo para todas las personas, se sientan las bases de un nuevo modelo empresarial y social: uno donde la colaboración y el reconocimiento sean herramientas para un mismo fin: una sociedad más justa, incluyente y sostenible.

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Estas son, a mi juicio, las cinco grandes tendencias que van a marcar el guion de la sostenibilidad social en 2026.

1. Del “cuento” al dato: hacia un reporte social estandarizado y obligatorio

Hasta hace poco, muchas empresas podían hablar de impacto social sin mostrar mucha evidencia (el ejemplo del que siempre hablamos de “pintar la barda” y tomarse la foto). Eso está cambiando rápido. A nivel global, los marcos de reporte se están moviendo hacia datos sociales comparables, auditables y obligatorios.

En la Unión Europea, la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) obliga a miles de empresas a reportar con estándares detallados, incluyendo la dimensión social a través de las normas ESRS (S1–S4), que cubren fuerza laboral propia, trabajadores en la cadena de valor, comunidades afectadas y consumidores.

La OCDE documenta que, en países como México, a partir de 2026 los emisores no financieros deberán presentar un informe de sostenibilidad alineado con las normas del ISSB (el estándar global que está marcando la pauta en cómo las empresas reportan sus riesgos e impactos ambientales, sociales y de gobernanza), que incluye datos sociales (por ejemplo, trabajadores sindicalizados, temporales, etc.) como parte del reporte anual. Vale la pena subrayar que estos requisitos irán en aumento; por eso, en tu estrategia no basta con el cumplimiento básico.

Algo similar está ocurriendo en Asia: a partir de 2026, China (incluida Hong Kong), Singapur y Japón introducirán reportes ESG obligatorios alineados con el ISSB, consolidando un estándar global que abarca también la dimensión social. Esto es importante ya que son los centros neurálgicos de las cadenas de suministro, finanzas y desarrollo tecnológico.

Para que se den una idea de hacia dónde va todo, un buen ejemplo es el de Deutsche Telekom que publica desde 2015 indicadores sociales específicos como los KPIs “Community Contribution” (lo que invierte) y “Beneficiaries” (a quién y cómo beneficia), utilizando la metodología de Business for Societal Impact (B4SI) para medir tanto el “input” como el “impacto” social. (https://report.telekom.com/cr-report/2024/social/social-engagement.html)

En definitiva, los proyectos sociales ya no son un relato, son una contabilidad social integrada a su reporte corporativo.

Recomendaciones para OSC, consultoras, empresas y gobierno:

• OSC: quien no mida y reporte con rigor quedará en desventaja frente a organizaciones que puedan demostrar impacto con datos.
• Consultoras: la demanda de apoyo en sistemas de medición, marcos de indicadores y aseguramiento externo va a crecer. Las empresas ya no piden una estrategia romántica de sostenibilidad social por reputación, sino alineadas a marcos internacionales para que sean instrumento de financiamiento.
• Empresas: el área de sostenibilidad social debe sentarse junto a Finanzas y Riesgos; ya no es solo comunicación.
• Gobierno: si se quiere atraer inversión responsable, es clave alinear la regulación local con marcos globales (ISSB, ESRS). Eso pasa por actualizar requisitos de información en los mercados de valores, incluir indicadores sociales en las compras públicas y desarrollar capacidades para leer y usar esa información en la toma de decisiones.

2. De la “buena voluntad” a la debida diligencia obligatoria en derechos humanos

La segunda gran tendencia es el paso de la responsabilidad social voluntaria a la debida diligencia obligatoria en derechos humanos y condiciones laborales, especialmente en las cadenas de suministro.

En la Unión Europea, la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) -la directiva que regula la debida diligencia en sostenibilidad corporativa-, en vigor desde julio de 2024, obliga a las empresas grandes a identificar, prevenir y mitigar impactos adversos en derechos humanos y medio ambiente, tanto en operaciones propias como en la cadena de valor.

Aunque a finales de 2025 se aprobaron umbrales más altos que reducen el número de compañías cubiertas por estas obligaciones, la lógica de fondo es clara: la debida diligencia deja de ser voluntaria y pasa a ser un deber legal para los grupos empresariales más grandes, con implicaciones contractuales para todos sus proveedores.

Esta presión no viene solo de los reguladores. Organizaciones como Amnistía Internacional han mostrado que grandes fabricantes de vehículos eléctricos no están cumpliendo adecuadamente con la debida diligencia en la cadena de suministro de baterías, por ejemplo en la extracción de minerales críticos (cobalto, litio, etc.), lo que incrementa el riesgo de abusos a los derechos humanos.

Un caso de referencia es el de Novo Nordisk, que publica informes específicos de debida diligencia en derechos humanos, donde describe procesos para identificar riesgos, actualizar políticas y comprometer al consejo de administración con estos temas. Pero no es la única: cada vez más empresas globales integran la debida diligencia en sus sistemas de gestión y gobierno corporativo.

https://www.novonordisk.com/content/dam/nncorp/global/en/sustainable-business/pdfs/esg-portal/2025/novo-nordisk-human-rights-report-2024.pdf

Recomendaciones para OSC, consultoras, empresas y gobierno

• OSC: tienen una oportunidad enorme de convertirse en aliados técnicos aportando contexto local, monitoreo independiente y canales de denuncia confiables para personas y comunidades afectadas.
• Consultoras: diseñar modelos de debida diligencia social (no solo ambiental) será una de las áreas de mayor demanda, especialmente en cadenas de suministro complejas.
• Empresas: ignorar la debida diligencia ya no es solo un riesgo reputacional, sino también regulatorio y financiero; puede cerrar puertas a clientes internacionales e inversionistas.
• Gobierno: incorporar la debida diligencia en los marcos legales nacionales puede alinear al país con las nuevas expectativas de la UE y de inversionistas globales. Esto implica, por ejemplo, integrar obligaciones de revisión de riesgos en leyes de sociedades y mercado de valores, incluir criterios de derechos humanos en compras y contrataciones públicas, emitir lineamientos claros para empresas estatales y fortalecer a las autoridades supervisoras para que puedan revisar y usar esta información. No se trata solo de exigir más reportes, sino de crear un marco que premie a quienes gestionan bien sus riesgos sociales.

3. De la filantropía al valor social medido y estratégico

Otra tendencia clara es la profesionalización de la medición del valor social, más allá de la filantropía tradicional. No basta con decir “apoyamos a tal comunidad” sino que hoy se espera que las empresas puedan demostrar qué cambió, para quién y con qué eficiencia gracias a su intervención.

Redes como Business for Societal Impact (B4SI) llevan 30 años desarrollando marcos para que las empresas planifiquen, midan y comuniquen su impacto social con metodologías comunes, permitiendo comparabilidad y benchmarking global. Su enfoque ayuda a ordenar la información en insumos (qué se invierte), actividades, resultados y cambios generados en las personas y comunidades.

A esto sumamos la favorita de la casa, la metodología del Social Return on Investment (SROI), que aporta una capa adicional muy potente traduciendo los resultados en valor (generalmente monetario) para los distintos stakeholders. Lo más valioso del SROI no es solo el número final, sino el proceso para calcularlo ya que obliga a definir desde el inicio qué se quiere transformar con la intervención, quiénes son los grupos clave, qué cambios esperan lograr y cómo se comprobará que esos cambios ocurrieron. Es decir, fuerza a alinear diseño, implementación y medición con una teoría de cambio muy clara.

El informe anual 2024 de B4SI muestra cómo centenares de empresas están pasando de una lógica de “proyectos dispersos” a estrategias de impacto social alineadas al negocio, con métricas de insumos, resultados y cambios generados en las comunidades. En paralelo, cada vez más organizaciones incorporan SROI para complementar esta visión con una lectura de valor generado por peso invertido.

Recomendaciones para OSC, consultoras, empresas y gobierno

• OSC: quienes sepan hablar en lenguaje de “valor social medido” y puedan participar en ejercicios de SROI (aportando información de contexto, de cambios reales y de percepción de las comunidades) serán socios mucho más atractivos para empresas e inversionistas.
• Consultoras: integrar marcos como B4SI, SROI u otros en la oferta de servicios será clave para acompañar a empresas y gobiernos en el diseño, medición y comunicación de su impacto social.
• Empresas: el área social tiene que pasar de “ejecutar proyectos” a gestionar portafolios de inversión social con retornos claros, tanto sociales como estratégicos; metodologías como SROI ayudan a priorizar qué proyectos generan más valor por cada peso invertido.
• Gobierno: al diseñar política social y alianzas público–privadas, pueden apoyarse en estos marcos para asegurar que cada peso público y privado genere el máximo valor social posible y para justificar decisiones de asignación de recursos con evidencia.

4. La “transición justa” como corazón de la sostenibilidad social

La cuarta tendencia es que la dimensión social ya no se ve como separada de la agenda climática y tecnológica: se habla cada vez más de “transiciones justas”. Es decir, transiciones verdes y digitales que no dejen atrás a trabajadores, territorios y comunidades.

El PNUD ha desarrollado marcos legales y de política pública para integrar la just transition en planes de desarrollo, asegurando que la descarbonización y la digitalización no generen nuevas brechas de desigualdad.

Informes recientes muestran, sin embargo, que todavía hay una gran brecha: por ejemplo, menos del 3% de la ayuda climática internacional se destina específicamente a apoyar transiciones justas para trabajadores y comunidades que dependen de industrias intensivas en carbono.

Al mismo tiempo, grandes inversionistas globales están empezando a poner más atención en la dimensión social de la transición: el Just Transition Observatory de BNP Paribas subraya que una transición justa debe crear trabajo decente, reducir desigualdad y repartir de forma equitativa los beneficios de la nueva economía baja en carbono.

¿Y cómo se traduce esto para las empresas?

Pues por ejemplo para una compañía que cierra operaciones fósiles o automatiza procesos con IA, la pregunta ya no es solo cómo reduce emisiones o mejora eficiencia, sino:

• ¿Qué pasa con las personas y comunidades afectadas?
• ¿Hay planes de reentrenamiento, reconversión laboral, nuevos modelos productivos locales?
• ¿Se ha incluido a los trabajadores y comunidades en el diseño de la transición?

Todo esto hay que tenerlo en cuenta y tomar cartas sobre el asunto, porque tarde o temprano clientes, inversionistas, reguladores o la propia comunidad lo van a preguntar.

Recomendaciones para OSC, consultoras, empresas y gobierno

• OSC: pueden jugar un rol central en dar voz a trabajadores y comunidades afectadas, y en codiseñar planes de transición justa.
• Consultoras: integrar el componente de “just transition” en proyectos de clima, energía y digitalización será cada vez más demandado.
• Empresas: deben anticipar que inversionistas y reguladores preguntarán no solo ¿qué haces por el clima?, sino ¿cómo cuidas a la gente afectada por ese cambio?.
• Gobierno: tiene la tarea de que la transición verde y digital no sea socialmente regresiva. Eso implica, por ejemplo: incorporar el concepto de transición justa en planes nacionales de descarbonización y otras iniciativas afines; diseñar políticas activas de empleo y reconversión laboral para sectores y regiones que dependen de industrias en transformación (energía, manufactura, transporte, etc.); usar fondos públicos e internacionales para crear programas de formación, emprendimiento local y protección social en territorios que puedan verse afectados; y muy importante, abrir espacios formales de diálogo social (empresas, sindicatos, comunidades, gobiernos locales) para acordar cómo se implementan esos cambios.

En resumen: no se trata solo de aprobar leyes climáticas, sino de acompañarlas con políticas sociales que aseguren que nadie se quede atrás en la transición.

5. Inteligencia artificial: nueva palanca (y nuevo riesgo) para la sostenibilidad social

La inteligencia artificial se está convirtiendo en uno de los vectores más importantes (y ambivalentes) para la sostenibilidad social.

Por un lado, en el informe AI for Social Good: Improving Lives and Protecting the Planet de McKinsey (2024) muestra cómo estas tecnologías ya se usan para avanzar en múltiples Objetivos de Desarrollo Sostenible: salud, educación, ciudades sostenibles, inclusión financiera, etc.

En el mundo corporativo, la IA se usa para mejorar la evaluación de riesgos en cadenas de suministro, identificar patrones de exclusión o desigualdad, y optimizar programas de impacto social.

Por otro lado, la IA también puede amplificar sesgos en procesos de contratación, evaluación del desempeño o acceso al crédito, lo que está generando nuevas discusiones sobre ética, gobernanza y derechos humanos en el uso de estas herramientas.

Recomendaciones para OSC, consultoras, empresas y gobierno

• OSC: necesitan desarrollar criterio (y alianzas técnicas) para entender cuándo la IA empodera y cuándo excluye, especialmente en servicios públicos y programas sociales.
• Consultoras: habrá un nicho clave en diseñar marcos de gobernanza ética de IA, con foco en impactos sociales, no solo en cumplimiento técnico.
• Empresas: cualquier uso de IA que toque personas (RRHH, clientes, proveedores) debe considerarse un tema de derechos humanos y sostenibilidad social, no solo de eficiencia.
• Gobierno: regular IA sin incorporar criterios de equidad, no discriminación y derechos sociales sería una oportunidad perdida. Es el momento de conectar las agendas de IA responsable con la agenda de sostenibilidad social.

2026 como año bisagra para la “S” de ESG

Si algo une estas cinco tendencias es una idea que se ha repetido en todo 2025:

La sostenibilidad social deja de ser voluntaria y narrativa, y se convierte en estratégica, regulada y medible.

Pero quedémonos con estos 5 puntos en la mente:

1. Se estandarizan los datos sociales y se vuelven parte del reporte obligatorio.
2. La debida diligencia en derechos humanos pasa del “compromiso” a la exigencia legal.
3. El valor social se profesionaliza y se conecta con la estrategia del negocio.
4. La transición justa se vuelve el filtro ético de la agenda climática y digital.
5. La IA aparece como nuevo campo de batalla donde se decidirá si la tecnología reduce o amplía las brechas sociales.

Para actores públicos, privados y sociales en América Latina y particularmente en México este contexto abre una oportunidad enorme: quien se adelante a estas tendencias no solo va a “cumplir”, va a liderar.

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En el marco de los esfuerzos por impulsar un desarrollo urbano más justo, incluyente y ambientalmente responsable, la Secretaría de Igualdad e Inclusión, en colaboración con Banamex y con el respaldo técnico del Centro Mario Molina, presenta el taller “Índice de Ciudades y Estados Sostenibles: Nuevo León 2025”.

Este evento tiene como objetivo central dar a conocer los resultados de los Índices de Sostenibilidad, como parte de una estrategia integral para fortalecer el seguimiento y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la región.

Un espacio de análisis, reflexión y acción interinstitucional

La presentación de estos índices busca fomentar una acción colectiva sobre los avances, desafíos y oportunidades que enfrenta Nuevo León en la construcción de un modelo de desarrollo sostenible que beneficie a toda la población, sin dejar a nadie atrás.

A través del análisis de datos, el taller ofrecerá una visión clara y fundamentada sobre las condiciones actuales en tres dimensiones clave: ambiental, social y económica.

Los resultados del estudio permiten identificar fortalezas y áreas de mejora a nivel estatal y municipal, lo que servirá como base para la toma de decisiones informadas en el diseño de políticas públicas, programas empresariales sostenibles y mecanismos de participación ciudadana.

Promoción del uso de indicadores como herramienta estratégica

Uno de los principales propósitos del taller es promover el uso de estos índices como una herramienta práctica y estratégica para el análisis, monitoreo y evaluación del desarrollo sostenible en diferentes sectores.

Se busca con ello fortalecer las capacidades institucionales para responder con eficacia a los compromisos internacionales asumidos en la Agenda 2030, al tiempo que se fomenta una cultura de evaluación continua y mejora de las intervenciones públicas y privadas.

Además de la presentación de resultados, el evento contempla espacios de diálogo entre actores clave de los sectores público, privado y social, lo que permitirá intercambiar experiencias, fortalecer alianzas estratégicas y construir una visión compartida sobre el futuro sostenible de Nuevo León.

Un compromiso compartido por el desarrollo sostenible e inclusivo

Con esta iniciativa, la Secretaría de Igualdad e Inclusión reafirma su compromiso ahora con los municipios con un desarrollo sustentado en la inclusión, la equidad y los derechos humanos, promoviendo políticas que respondan a las necesidades de las personas más vulnerables, al tiempo que se impulsa una transformación estructural hacia un modelo de desarrollo resiliente y con visión de largo plazo.

Asimismo, la participación de Banamex y el Centro Mario Molina fortalece el carácter multidisciplinario e interinstitucional del evento, generando alianzas estratégicas que contribuyen al cumplimiento efectivo de los ODS en el ámbito local.

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• En panel previo, organizaciones como Bimbo, Vector Logístics, el Tecnológico de Monterrey y CAINTRA destacan la importancia de integrar cadenas de valor orientadas al triple impacto: social, ambiental y económico

• El evento fue organizado por Sistema B México, la Secretaría de Igualdad e Inclusión del Estado de Nuevo León, el Nodo de Innovación del Tecnológico de Monterrey y Komunika Lata

Con el objetivo de favorecer vinculaciones comerciales entre empresas comprometidas con la sustentabilidad, la Secretaría de Igualdad e Inclusión de Nuevo León, el Tecnológico de Monterrey, Sistema B México y Komunika Latam, llevaron a cabo la Ronda de Negocios Monterrey 2025 con la participación de más de 90 empresas aliadas de la Secretaría de Igualdad e Inclusión.

El encuentro, que buscó potenciar cadenas de valor entre pequeñas, medianas y grandes compañías que integran criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) permitió la realización de más de 180 encuentros de negocios entre empresas compradoras y vendedoras, con el potencial de generar 1,183,950 USD en acuerdos comerciales.

“Nuevo León es el primer estado del país donde, gracias al liderazgo de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, la política social y la responsabilidad social corporativa se articulan de forma estratégica. Como vemos hoy en esta Ronda de Negocios, esta visión está transformando la manera de hacer negocios en México”, afirmó Mauricio Canseco, subsecretario de Inversión Social de la Secretaría de Igualdad e Inclusión del Gobierno de Nuevo León.

“Hoy, en Nuevo León, los negocios se hacen con propósito y con impacto social”

La Ronda de Negocios se realizó en la Terraza CEMEX del Estadio Banorte, bajo la dinámica de reuniones uno a uno previamente agendadas mediante una plataforma digital. Cada reunión duró 15 minutos, hasta completar 10 bloques de reuniones a lo largo de la mañana.

“Estamos aquí para hacer negocios y para ver al otro que estará al frente de nosotros. Sus principios, sus motivaciones y lo transaccional, y el fin último se dará: hacer negocios”, expresó Javier Herrero, director ejecutivo de Sistema B México.

La Ronda de Negocios estuvo dirigida a empresas de todos los tamaños, incluidas aquellas que están dando sus primeros pasos en la adopción de criterios ASG.

Previo a la realización de la ronda de negocios, los asistentes participaron en el panel “Cadenas de Valor más Fuertes con Igualdad e Inclusión”, en el que participaron Leticia Pacheco Tejeda, líder global de Proyectos Sociales de Bimbo; Sergio Cervantes, managing director de Vector Logistics; Jesús Francisco López Molina, director de Relaciones Institucionales de CAINTRA, y Aldahir Caballero, director del Departamento de Emprendimiento del Tecnológico de Monterrey, como moderador.

Durante el panel, los representantes de la iniciativa privada, una cámara industrial y la academia conversaron sobre el rol de las empresas en el desarrollo social y la importancia de integrar cadenas de valor inclusivas y sostenibles.

Movimiento B y el futuro de la economía

El Movimiento B, nacido en Estados Unidos en 2006, es una iniciativa global que impulsa esta nueva economía donde el éxito empresarial se mide a través del bienestar de las personas, las sociedades y el medio ambiente. Casi 10,000 empresas en más de 100 países, empleando a casi un millón de personas, forman parte de esta iniciativa, transformando industrias hacia modelos más equitativos, inclusivos y regenerativos.

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Con una asistencia récord de más de 500 empresas, expertos en sostenibilidad y representantes del sector público, el Segundo Foro ESG Nuevo León 2025 organizado por la Secretaría de Igualdad e Inclusión se consolidó como un espacio clave para la construcción de un futuro empresarial más competitivo y responsable.

Desde el Auditorio de EGADE Business School, el evento abordó el papel fundamental de la sostenibilidad social como un factor de competitividad y transformación empresarial, poniendo sobre la mesa un mensaje claro: las empresas que no integren la igualdad y la inclusión en su cadena de valor quedarán rezagadas en el mercado global.

Durante la conferencia de clausura, la Secretaria Martha Herrera subrayó que en Nuevo León la resiliencia es entendida como una construcción de alianzas.

Herramientas como la Constancia de Contribución e Impacto Social, dijo, han permitido a muchas empresas  medir y reportar la inversión en resiliencia social, asegurando que cada peso invertido está generando un gran valor sostenible.

“Desde la Secretaría de Igualdad e Inclusión hemos acompañado a las empresas en la creación de estrategias que generen bienestar social y al mismo tiempo fortalezcan su competitividad. La sostenibilidad no vista como un tema aislado sino como un compromiso colectivo que involucra al sector privado, al gobierno y a la sociedad civil”, destacó la funcionaria estatal.

Durante el foro se presentó  el Premio Igualdad e Inclusión Corporativa 2025, galardón que tendrá 2 categorías Compromiso Social y Proyectos de Inversión Social el cual reconocerá a las empresas comprometidas con la sostenibilidad social y brindará  acompañamiento para ayudarlas a fortalecer su impacto social, generar estrategias más efectivas y facilitar su acceso a certificaciones internacionales.

El registro para las empresas que deseen participar será del 5 de marzo al 30 de mayo.

Con el lanzamiento del Premio, Nuevo León se coloca a la cabeza en la promoción de empresas que no solo buscan el éxito financiero, sino que están dispuestas a transformar su entorno y generar impacto positivo real.

El objetivo, señaló la Secretaria Martha Herrera es que más empresas puedan adoptar estándares globales de igualdad, inclusión y responsabilidad social, generando beneficios tanto para su operación como para la comunidad.

El evento contó con la participación de líderes de empresas globales, quienes compartieron su experiencia en la integración de ESG en sus modelos de negocio:

Tendencias Globales en ESG – Hernando Aguilera, CEO de Social Value Institute, presentó las últimas estrategias en sostenibilidad social como ventaja competitiva.

Casos de Éxito en Sostenibilidad y Competitividad – Empresas como Heineken, Nestlé, Clarios, Natura México y el Centro de Empresas Conscientes del Tec de Monterrey demostraron cómo ESG ya es un factor clave en la toma de decisiones estratégicas.

El Propósito Empresarial como Motor de Transformación – Dr. Boyd Cohen (EGADE Business School) analizó el papel de la innovación y la sostenibilidad en el éxito empresarial.

FIFA Y SU LEGADO ESG – Representantes de FIFA explicaron cómo el mundial 2026 generará impacto social y ambiental positivo, de igual forma la manera en que se aplicará criterios ESG en la organización de la Copa. Se resaltó el efecto positivo que traerá este enfoque en la región, especialmente en generación de empleo y desarrollo de infraestructura inclusiva.

Inteligencia Artificial para Medición y Reportes ESG – Elida Godínez Ramírez (IBM) mostró cómo la tecnología está revolucionando la medición del impacto social y ambiental en las empresas.

El Segundo Foro ESG Nuevo León 2025 no solo reafirmó el compromiso del estado con la agenda ESG, sino que dejó claro que las empresas que quieran permanecer en el mercado global necesitan un enfoque integral en sostenibilidad social.

En el evento estuvieron presentes Mauricio Canseco Cavazos, Subsecretario de Inversión Social y Alianzas Estratégicas y Juan Carlos Meade, Director de Alianzas Estratégicas de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, así como Eva María Guerra, Decana Asociada de la EGADE Business School.

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