México enfrenta hoy un dilema estructural. Necesita invertir más en infraestructura para recuperar dinamismo económico y mejorar su competitividad, pero el espacio fiscal para hacerlo es cada vez más limitado. La brecha entre lo que el país necesita y lo que realmente se está invirtiendo empieza a volverse evidente.
Según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026, la inversión pública total en infraestructura será de 1.26 billones de pesos, equivalente aproximadamente al 3.2 % del Producto Interno Bruto (PIB). Gran parte de estos recursos se concentrará en proyectos ferroviarios y energéticos prioritarios.
Este monto, aunque relevante, no alcanza para cubrir las necesidades estructurales del país. De hecho, un análisis del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) señala que México debería invertir alrededor del 5 % del PIB en infraestructura para sostener su competitividad, empezar a cerrar la brecha actual y detonar mayor crecimiento económico. Esto implica una diferencia cercana a dos puntos del PIB, lo que equivale a alrededor de 700 mil millones de pesos adicionales cada año.
El problema es que esta inversión no depende únicamente de voluntad política. También está condicionada por una realidad fiscal cada vez más compleja. En un contexto donde la deuda pública se vuelve un tema sensible (por mayores costos financieros, presiones presupuestarias y compromisos sociales crecientes) pensar que el Estado puede simplemente aumentar el gasto en infraestructura y resolver el problema resulta muy simplista. En la práctica ocurre lo contrario, generalmente cuando los gobiernos buscan contener el endeudamiento, una de las primeras partidas que suele ajustarse es precisamente la inversión en infraestructura. El resultado es un círculo vicioso en donde menos inversión hoy implica menor crecimiento mañana, menor recaudación futura y aún menos margen fiscal en el largo plazo.
A primera vista podría parecer lógico pensar que la solución es que el gobierno invierta más y listo. Pero esa visión parte de una premisa equivocada de que el Estado puede y debe hacerlo todo en solitario. Y en la economía actual eso es prácticamente imposible.
Las necesidades de inversión no dejan de crecer. Las ciudades se expanden, las cadenas industriales se transforman, la digitalización exige nueva infraestructura tecnológica, la transición energética requiere redes eléctricas modernas y la población demanda mejores sistemas de movilidad, agua, vivienda, salud y educación. A esto se suma un contexto global en el que la competitividad de los países depende cada vez más de su capacidad logística, energética y tecnológica. Pretender que el sector público pueda financiar, diseñar, ejecutar y operar toda esta infraestructura por sí solo es, simplemente, inviable.
La experiencia internacional demuestra que los países que han logrado cerrar sus brechas de infraestructura no lo han hecho únicamente con recursos públicos. Lo han hecho mediante esquemas de colaboración con el sector privado que permiten movilizar capital, innovación y capacidad de ejecución. Es ahí donde tenemos que hablar de las Asociaciones Público-Privadas (APP).
Las APP son mecanismos mediante los cuales el sector público y el privado colaboran para financiar, construir, operar o mejorar infraestructura o servicios públicos. Aunque muchas veces las relacionan únicamente con concesiones de carreteras o megaproyectos de transporte, en realidad abarcan una gama mucho más amplia de modelos como contratos de largo plazo, esquemas de coinversión, financiamiento privado para infraestructura pública, concesiones o alianzas estratégicas para mejorar servicios o infraestructura existente. El principio central es una distribución adecuada de riesgos y responsabilidades. El Estado define objetivos públicos, regula y supervisa; el sector privado aporta capital, tecnología, eficiencia operativa y capacidad de ejecución. Cuando estos esquemas se diseñan, vigilan y transparentan correctamente, permiten acelerar proyectos, reducir presión sobre la deuda pública y mejorar la calidad de los servicios.
Pero las asociaciones público-privadas no solo existen en proyectos de gran escala. También pueden materializarse en colaboraciones más ágiles y cercanas a las comunidades. Un ejemplo de este tipo de colaboración se encuentra en los proyectos que hemos impulsado desde la Dirección de Alianzas Estratégicas de la Secretaría de Igualdad e Inclusión de Nuevo León, donde hemos diseñado modelos de Alianzas Público-Privada con empresas para atender de forma conjunta distintos retos sociales del estado.
Por ejemplo, en los 50 Centros Comunitarios del Estado, espacios públicos que funcionan como puntos de encuentro para ofrecer programas de capacitación, educación, deporte y desarrollo social, el gobierno aporta la infraestructura, la operación y diferentes programas sociales, mientras que el sector privado contribuye con equipamiento, rehabilitación de espacios, tecnología o conocimiento especializado. Gracias a estas alianzas se han impulsado iniciativas como aulas tecnológicas, espacios equipados con computadoras e internet para reducir la brecha digital en comunidades vulnerables; aulas de cocina, donde empresas aportan equipamiento profesional para capacitar a personas en habilidades laborales; o aulas de costura, que permiten desarrollar capacidades productivas y oportunidades de autoempleo.
En estos casos, el valor de la alianza no se limita al financiamiento. Surge de la complementariedad de capacidades en donde el gobierno tiene presencia territorial y contacto directo con la comunidad; las empresas aportan innovación, equipamiento y experiencia técnica y el resultado es una forma de colaboración que multiplica el impacto social sin aumentar de manera proporcional el gasto público. Además, no necesariamente implican modelos de APP complejos o grandes contratos de infraestructura. Son alianzas que permiten al Estado ampliar su capacidad de acción, generar ahorros y, al mismo tiempo, integrar a las empresas de forma directa con las comunidades donde operan. Tan solo en el último año, este modelo nos ha permitido impulsar más de 300 proyectos junto con 159 empresas, beneficiando a más de 550 mil personas en todo el Estado.
Aquí la lección de fondo es clara. Existen múltiples formas de colaboración entre el sector público y el sector privado. Algunas se basan en el intercambio de valor agregado, como ocurre en muchos proyectos sociales. Otras se apoyan en una distribución eficiente de riesgos y responsabilidades, como sucede en los modelos tradicionales de asociaciones público-privadas. Pero más allá del mecanismo específico, la idea central es la misma. Los grandes retos públicos no se resuelven trabajando en silos. Ni el sector público ni el privado pueden hacerlo todo por sí solos.
Esto no significa reducir el papel del Estado. Ocurre más bien lo contrario. Implica entender con mayor claridad cuál es el rol que se debe asumir frente a cada desafío público. En algunos casos deberá liderar, regular y garantizar el interés público. En otros deberá habilitar la participación de actores que pueden aportar inversión, innovación o capacidad de ejecución.
El Estado tiene un papel insustituible al definir prioridades, establecer reglas claras, garantizar transparencia y asegurar que los proyectos respondan al interés público. Las empresas, por su parte, cumplen un rol fundamental como generadoras de inversión, innovación y capacidad productiva. Cuando ambos sectores trabajan de manera coordinada los recursos se multiplican, los proyectos avanzan con mayor rapidez y las soluciones llegan a más personas.
En definitiva, los desafíos económicos, tecnológicos y sociales crecen exponencialmente cada año, la pregunta ya no es si México debe impulsar asociaciones público privadas. La verdadera pregunta es qué tan rápido le perdemos el miedo a hacerlo.
